Los paraísos fiscales son aquellos territorios que ofrecen un régimen fiscal mínimo a las personas y empresas no residentes en dicho país.
Esa falta de tributación, que facilita la fuga de capitales, los ha convertido en un problema global para el futuro del Estado del Bienestar, ya que la pérdida de recaudación mundial se cifra en 1,2 billones de dólares al año* (cifra cercana al PIB anual de España).
Las multinacionales y los bancos son los que más usan estos mecanismos.
En nuestro país, la recaudación por el impuesto de sociedades se ha desplomado un 55% entre 2007 y 2009, pese a que los beneficios de las grandes empresas han crecido un 14% en el mismo período. Por tanto, son los ciudadanos y PYMES los que quedan en situación de sostener al Estado con sus impuestos.
En los últimos 30 años el número de paraísos fiscales ha crecido de 25 a 72.
Mecanismos como cuentas bancarias secretas, creación de sociedades intermedias, utilización de sedes sociales ‘fantasma’, creación de franquicias locales y fideicomisos facilitan ese escape para el sistema.
El secretismo y la impunidad son la norma, además de tratar de impedir la cooperación con las autoridades fiscales de otros países.
En el caso español, según un estudio reciente del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, un 82% de las empresas del Ibex 35* (me gustaría conocer alguna del18% restante) tiene presencia en paraísos fiscales y no informa de cuáles son sus actividades en ellos. Dichas empresas nacionales gestionan su presencia a través de 272 sociedades en 27 países. En los 9 primeros meses de 2010 los depósitos españoles en paraísos fiscales fueron el doble que los realizados en 2009.
Hay que señalar que territorios fronterizos con España, como Gibraltar o Andorra , o países de la UE, como Austria y Luxemburgo, permiten una opacidad de cuentas superior al 95%.
Estados europeos como el Reino Unido cuentan con ‘reinos de taifas’ dentro de su propio territorio, como son las islas del Canal y Mann. Estas zonas con patente de corso se sitúan muy cerca de los países desarrollados para facilitar la evasión a empresas y grandes fortunas.
La existencia de este sistema en la sombra ha contribuido a fomentar la aparición de productos financieros opacos y a la fuga ilícita de capitales en países en vías de desarrollo*.
Global Financial Integrity estima que, del dinero salido de los países en vías de desarrollo hacia los paraísos fiscales, entre un 60% y 65% procede de la evasión fiscal de las corporaciones multinacionales, entre un 30% y 33% viene de actividades del crimen organizado (droga, tráfico de armas, etc.) y entre un 3% y un 5% corresponde a la corrupción (dinero sustraído por dirigentes y élites).
Los paraísos fiscales requieren un grupo de soluciones coordinadas a nivel internacional, que procedemos a citar:
- Difusión del nombre de empresas y/o personas presentes en paraísos fiscales para dañar su reputación. Obligatoriedad de que Hacienda facilite esta información.
- Unificación de criterios entre organizaciones internacionales para la elaboración de una lista mundial de paraísos fiscales.
- Creación de un sistema tributario real en esos territorios.
- Obligación de identificar a los administradores de ‘trusts’.
- Aparición de un impuesto internacional que penalice los movimientos financieros en ellos.
- Eliminación de los acuerdos de cooperación de España con paraísos fiscales.
- Negativa de los Estados a adjudicar ningún contrato público a empresas que tienen presencia en paraísos fiscales.
- Creación de un impuesto global sobre los beneficios de las multinacionales, junto al deber de estas compañías de ofrecer información concreta de resultados por país.
- Consideración como delito fiscal de la negativa de cualquier entidad extranjera a informar a Hacienda de las cuentas de contribuyentes españoles en paraísos fiscales. Por tanto, si un directivo de esas entidades pisara suelo español podría ser detenido.
- Rechazo a aceptar como gasto en un impuesto de sociedades cualquier transferencia que
directa o indirectamente vaya a un paraíso fiscal. Esta última medida sería acompañada de la prohibición, en todo el territorio de la Unión Europea, de que se acepte como gasto cualquier pago a empresas tapadera, que no tienen ninguna actividad significativa.